Con el Covid-19 ha llovido sobre mojado. Primero fue la Cop25 de Madrid que mostró definitivamente la nula voluntad de la clase política para adoptar medidas contra el calentamiento global y el probable colapso del planeta. Después, y al menos por lo que respecta al Estado español, se sucedieron noticias que alertaban de un aumento importante de la morosidad, de tasas de 10.000 despidos al mes y de otro tanto de impagos de salarios. Todo ello indicios claros de una crisis económica inminente, tal como algunos círculos de economistas ya lo estaban anunciando desde hacía un tiempo.
Todo el mundo sabe que el virus vino de China, pero no se escapó de ningún laboratorio chino, ni es una arma de guerra química contra el mundo occidental. Más bien lo contrario, lo más probable es que sea la consecuencia directa de la penetración de la agroindustria en zonas silvestres, al igual que ocurrió con el Ébola en África, el Zika en Brasil, la gripe aviar y otras epidemias. Es como si estuviéramos ante un acto de autodefensa de la naturaleza contra la omnipresencia del régimen capitalista. Además parece que el virus tiene mucha capacidad de mutación, lo que puede provocar que el episodio actual se repita y, según como, se agrave con el tiempo.
Son notorios los fallos cometidos por las autoridades españolas en materia de prevención y contención del Covid-19. De lo que no se habla tanto es de la relación directa entre la rigidez del confinamiento y la capacidad insuficiente del sistema sanitario público muy mermado por los recortes ordenados desde Bruselas. A lo que habría que añadir la política de privatización del sistema sanitario empujado por personajes como Boi Ruiz, Conseller de Sanitat del gobierno catalán en tiempos de Artur Mas.
Los grandes medios de comunicación tampoco se centran mucho en el retroceso de la contaminación atmosférica causada por la reducción del tráfico rodado en el marco del confinamiento. Según un estudio reciente de la Universitat Politècnica de València ha disminuido el 83 % en Barcelona y el 73 % en Madrid. Teniendo en cuenta que la contaminación atmosférica causa unos 3.000 muertos prematuros al año en Barcelona, se trata de datos nada despreciables.
Quienes pagan los platos rotos
Si bien es cierto que la crisis de Covid-19 está desatando olas de solidaridad, entrega y empatía, también es cierto que todos los privilegios de la sociedad capitalista patriarcal siguen vigentes, incluso han aumentado. ¡Es mentira que estemos sentados todos juntos en el mismo barco! No se puede comparar la situación de gente acomodada que pasa el confinamiento en su segunda residencia en la playa o en la montaña con las personas que viven hacinadas –o no– en pisos de determinados barrios de las grandes ciudades y que, además, corren peligro de ser objeto de persecución policial si salen a la calle. No se puede comparar la situación de un/a trabajador/a de una fábrica despedida a causa de un ERTO y agobiada por las deudas con la de un ejecutivo de la misma fábrica que se tomará unos días libres hasta que haya pasado el vendaval.
Según El Periódico del 28 de marzo, se habían iniciado 270.000 expedientes de ocupación en el Estado español que afectaban 2 millones de personas, una cifra que desde entonces ha experimentado un incremento sustancial. De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social del 2 de abril, desde el 12 de marzo la Seguridad Social ha perdido unos 900.000 afiliados, entre ellos unos 40.000 autónomos. En el mismo periodo, unas 550.651 trabajadoras/s eventuales perdieron su trabajo. La inmensa mayoría no cobrarán paro ni otra prestación, igual que los autónomos y los microempresarios.
Esta lista de agravios se puede alargar infinitamente. Abarca también a las y los ancianos obligados a vegetar o morir en residencias pésimamente equipadas y a mujeres confinadas en su piso a merced de su agresor. Afecta de forma especial a las personas que trabajan en situaciones absolutamente límites en los hospitales, farmacias y centros de atención primaria. La precariedad y escasez de los medios es tal que a menudo tienen que decidir a quien le administran un remedio o no. Asimismo hay que mencionar quienes trabajan en los supermercados, y quienes lo hace a destajo y sin protección en los puertos del Estado, ya que el tráfico marítimo de mercancías no se ha parado.
Pero también hay quienes hacen su agosto con la situación. Por ejemplo la industria farmacéutica, las petroquímicas de Tarragona o gigantes de la ganadería industrial catalana como Área de Guissona o Casa Tarradellas, especializados en la producción y el sacrificio a destajo de cerdos y pollos.
Un giro en la política?
Unos meses antes de la crisis del Covid-19 la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyden, anunció la elaboración de un New Dealpara afrontar la emergencia climática. La evocación a Roosevelt fue buscada, pero el monto dedicado a este “ambicioso plan de salvar el planeta” no llegó ni a la cuarta parte de lo que se gastó la UE para salvar el sistema bancario entre 2008 y 2015. El plan no prevé restricciones ni actuaciones concretas para conseguir el objetivo de reducir las emisiones
en un 50% en relación con el 1990. De esto se encargará Black Rock, el mayor fondo de inversiones de mundo, contratado hace poco por la Comisión Europea como “asesor sobre factores ambientales, sociales y de gobierno”.
Las medidas neokeynesianas de los gobiernos español y catalán contra el Covid-19 se sitúan en este mismo ámbito de acción. Su objetivo es reducir los impactos de la recesión en marcha calibrando el dinero a invertir para que la situación social no se desborde. La situación es tan grave que el Estado español ha predido un préstamo correspondiente al 20 % del PIB. Mediante este dinero alternan la expedición de avales y otros mecanismos de endeudamiento de la población, con algún pago a fondo perdido y medidas legales como la prohibición de desahucios durante seis meses para las familias vulnerables. Con estas medidas no solo obvian que una gran mayoría de la población se ha convertido en vulnerable y tiene serias dificultades de costear su piso y los suministros básicos. Además, retoman las prácticas del 2008 de rescate a bancos y a rentistas por el impago de alquileres y hipotecas y en beneficio de empresas como Inditex.
Por otra parte llevan tiempo planteando la creación de una “renta social extraordinaria”, financiada con fondos del Banco Central Europeo. Se trata de una especie de renta básica de unos 500 € para la gente que se haya quedado sin empleo, que sería vigente durante el confinamiento. Pero van retrasando su implantación en la medida en que la excepcionalidad se convierte en norma y la gente no se rebela. Y, evidentemente, tampoco especifican que pasará si las personas afectadas no encuentran empleo, cuando hayamos vuelto a la tan evocada normalidad.
Los gestores de la crisis están en una carrera contra el tiempo: cuanto más se alargue el confinamiento mayor será el impacto de la recesión. Pero el auténtico problema de los gobernantes está en su incapacidad de recortar los privilegios económicos en la medida necesaria para poder garantizar la paz social. Este problema se refleja también en sus tímidas medidas neokeynesianas. Tímidas medidas sociales que se combinan de forma creciente con la intensificación de mecanismos de control telemático de la población. No puede quedar duda que es la economía capitalista quien manda, pero tampoco hay duda de que las clases populares estamos mucho mejor organizadas que en 2008 y no nos tragaremos los planes de austeridad que algunos ya tienen preparados en los cajones de sus escritorios.
Las reacciones sociales
En todos los barrios y pueblos del país están surgiendo iniciativas de gente anónima que se organiza con sus vecinas, amigas y familiares para afrontar las limitaciones del confinamiento. Lo mismo vale para la gente que ya estaba organizada en grupos de vivienda, iniciativas vecinales, sindicatos, ateneos y un largo etcétera de movimientos sociales. Se encuentran virtualmente a través de redes sociales y aplicaciones que permiten la celebración de asambleas virtuales. Tal como pasa en muchas crisis, de la experiencia de la propia vulnerabilidad está naciendo una empatía que, superando todas las dificultades, empuja a la autoorganización y el apoyo mutuo.
Estas dinámicas han dado lugar a iniciativas estatales como la huelga de alquileres iniciada el 1 de abril o el Plan de choque social elaborado por más de 200 colectivos y entidades de todo el Estado. Todas ellas se retroalimentan de alguna manera de iniciativas locales como estas del Poble Sec de Barcelona o del Maresme.
Estas iniciativas están creando sus propias cajas de resistencia para sostenerse y prepararse para los embates que vendrán. Ya que todas tenemos claro que habrá un antes y un después de esta crisis. Y que no podrá haber una vuelta a “la normalidad”. Porque es precisamente esa normalidad la que nos ha conducido al desastre. La crisis del Covid-19 solo lo ha acelerado. Si las mayorías sociales no nos organizamos, el futuro nos deparará más miseria, más control social y la reaceleración del camino hacia el colapso climático en forma de una política de crecimiento económico frenético para salir de la mayor recesión económica desde el crack bursátil de 1929. En definitiva, ha llegado el momento de plantearnos muy seriamente un horizonte político poscapitalista desde una perspectiva asumible por amplias capas de la población.
La disyuntiva capital o vida se está haciendo cada vez más evidente, mientras que se extiende la certeza de que harán falta transformaciones de calado para escapar de la barbarie que se nos vendrá encima. Las tareas prioritarias en esta nueva etapa serán las luchas a favor de la redistribución de la riqueza y contra las manifestaciones más nocivas de la civilización capitalista, así como la construcción de una organización social que ponga la vida en el centro. Hay bastantes experiencias actuales e históricas de como vivir y producir en común y en armonía con el entorno. Aprendamos de ellas y mejorémoslas!
Foto de Engin_Akyurt
